Reseña histórica de Trochas de Memoria

AVANZANDO POR LAS TROCHAS DEL SURORIENTE
Por Omar García C.

Antecedentes Contextuales relacionados con la memoria sobre la violencia política en el Suroriente.

Los gritos de la sangre derramada que clama a Dios desde esta tierra colombiana siguen esperando respuesta desde hace varias generaciones. En la región del Suroriente resuenan los gritos de las colonizaciones violentas, las caucheras, la fiebre del oro, de la coca; en fin, las diferentes bonanzas que han llegado con sus hileras de afectaciones e irrespetos contra la dignidad humana.

Por otro lado la violencia de las guerrillas liberales del llano, la acción de ejércitos privados defendiendo a terratenientes o contra el abigeato; además, el ser la cuna y epicentro del conflicto armado, de la guerrilla de las FARC y de buena parte del paramilitarismo colombiano.

Esta región afectada por la violencia ha creído también en la paz, en las propuestas de negociación como espacios de salida de los diferentes conflictos violentos que se han dado en el territorio. Negoció con la guerrilla de Guadalupe Salcedo quien desmovilizó su ejército y luego fue asesinado por la policía, quien ha registrado esta acción como una de las más importantes metas logradas en su existencia.

Más adelante, en otro proceso de negociación, mediante un acuerdo nacional se le apostó a la Unión Patriótica, movimiento que generó un gran entusiasmo por la oportunidad de cambio político, llevó a que en diferentes municipios se convirtiera en una verdadera apuesta para salir del conflicto. Los resultados posteriores no se podrán borrar de la memoria nacional, se le criminalizó con tanta intensidad y sevicia que el clamor de la sangre de sus integrantes es ahora un eco que grita incesantemente contra la impunidad por los caminos y veredas del suroriente como del resto del país.

A la aniquilación de la Unión Patriótica le siguió la de líderes políticos de izquierda, la de líderes comunitarios y campesinos por la disputa de la tierra, también le siguieron las ambiciones de posesión y de reemplazamiento poblacional en zonas potencialmente ricas para la agroindustria o la minería. Un embrollo de violencias de todo tipo se entrecruzaron azuzadas a su vez por el narcotráfico. Violencias que se salieron de toda madre y llevaron al territorio a vivir una verdadera emergencia humanitaria que aún está lejos de ser resuelta.

La implementación de las zonas cocaleras en el territorio se dio unida a una continua práctica de criminalización y desaparición de personas por diversos motivos; el conflicto armado se mezcló con las actividades propias del manejo coquero y del narcotráfico lo que ha hecho muy diversa la violencia y la calificación de la victimización. Muchas madres, hermanos e hijos cuentan cómo sus padres o seres queridos un día salieron a trabajar a una zona de selva y nunca más volvieron, desconociéndose de forma definitiva su paradero. Se preguntan, ¿estarán vivos o muertos? Esos gritos claman justicia desde quienes han sido criminalizados y desde quienes se desconoce su suerte y aún siguen siendo esperados con ilusiones cada vez más remotas.

Durante el transcurrir del gobierno de Álvaro Uribe se exacerbó el paramilitarismo mostrando todas sus expresiones y haciendo sentir su mayor expresión criminal. También se fortaleció la estrategia militar, con manifestaciones que buscaron involucrar aún más a la población civil en medio del conflicto, con programas en diversas poblaciones con campesinos, ciudadanos del corriente y hasta estudiantes de las universidades, ofreciendo recompensas por la información otorgada. Entre las propuestas mencionadas, se incluye la creación de redes de cooperantes, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la estimulación de las deserciones dentro de los grupos armados ilegales, la creación de unidades de soldados campesinos, y el aumento exorbitante del presupuesto asignado a la defensa nacional.

Además, pareciese adelantarse una estrategia encubierta manifestándose de forma cruenta en lo que se llamarían “falsos positivos”; una vergüenza nacional nacida desde el militarismo, acción que aún está lejos de ser totalmente aclarada, pues no se ha mostrado voluntad de buscar la responsabilidad de dichas acciones en los más altos mandos nacionales.

La ley 975 de julio 25 del 2005[1], llamada ley de justicia y paz, llevó a las desmovilizaciones de grupos paramilitares. Éstas se mostraron como una estrategia de lucha contra la violencia y búsqueda de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, para muchos sectores populares y regionales, fue sólo una coartada para salir bien librados de la responsabilidad penal, pecuniaria, como también se ha entendido como una política que el Estado que ha mostrado anuencia y compromiso con el paramilitarismo. La extradición por su parte, se vio como una táctica propicia para blindar la información que involucra al gobierno en la parapolítica que comenzó a saberse en los juicios a paramilitares, puesto que en cada extraditado se encuentra una gran parte de la verdad que está por saberse, de la responsabilidad que debe por aclararse, del clamor de víctimas por dar respuesta y del daño que debe ser reparado.

La aplicación de la ley de justicia y paz se ve alterada por dicha extradición de los jefes paramilitares, pues con esta se impeden los procesos de verdad, la revelación tanto de fosas como de delitos cometidos, y el involucramiento de la estructura de dirigentes políticos ligada al fenómeno.

Corta ha quedado la investigación sobre parapolítica y más corta aún la responsabilidad que en todos los episodios violentos de los primeros años del siglo XXI tuvo el gobierno nacional. Este es un hecho actual que han evidenciado diversas investigaciones que analizan la composición de los candidatos elegidos en las últimas contiendas electorales[2]. En el actual congreso se han encontrado restos de la parapolítica continuada en los llamados “herederos”, familiares cercanos, amistades de quienes fueron condenados por su inclusión en el fenómeno paramilitar[3].


Antecedente organizativo que favorece o dificulta la memoria

Siendo fiel a la verdad, la organización en el Suroriente vino con la misma colonización. Lo agreste del territorio hizo que los campesinos fueran adentrándose de la mano de su diálogo interno, de sus apuestas políticas, de los convites y mano prestada para adelantar sus fundos y sus espacios colectivos. Hasta en las épocas cocaleras la organización se hizo necesaria o por iniciativa propia o siendo exigida por la guerrilla con las juntas patrióticas, juntas de vecinos y las juntas de acción comunal.

La criminalidad contra los integrantes de la UP tomó de improviso a algunas comunidades, organizaciones y líderes que no se imaginaron lo que podría venir desde las apuestas políticas en pro de la solución del conflicto. En varias subregiones del departamento del Meta, por ejemplo, la organización social era demasiado débil y hasta inexistente. Sólo en las zonas del Ariari, donde se ha dado una forma organizativa tradicional, se pudo conservar parte de la memoria. En zonas como el centro de la Orinoquia, donde no se dieron organizaciones tradicionales se ha perdido casi totalmente la cuenta de cada crimen que grita al cielo.

Con el propósito de la denuncia de los crímenes causados y la defensa de los derechos humanos, surgió en 1993 un proceso organizativo y animado por la Pastoral Social de Villavicencio: el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta. Recogió una gran lista de afectados(as) por la violencia política, hizo denuncia y contó su propio exterminio.

Con elementos recogidos en su accionar, surgieron dos libros: “Ceder es más terrible que la muerte[4]”, donde se publica la automemoria de Josué Giraldo Cardona y el listado de asesinados recopilados por el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y la investigación del caso Meta, y un tomo de COLOMBIA NUNCA MÁS Zona 7a[5].

La fuerza del aniquilamiento en el caso del Comité Cívico arrasó la posibilidad de la memoria que se venía dando desde el accionar organizativo y se hizo extensivo de manera que pocas organizaciones quedaron intactas ante la crueldad mostrada. El Secretariado Diocesano de Pastoral Social-Cáritas Villavicencio, quedó en su accionar frente a la muerte, el desplazamiento y la aniquilación organizativa y de liderazgos que hasta el límite se dio en estos tiempos en la región; la Pastoral Social no escribió la historia de que fue testigo activo y con el cambio de direcciones de la institución, los archivos se descuidaron perdiéndose así la memoria de por lo menos 10 años (1996-2005) de acción violenta. Luego otro esfuerzo, la Mesa Meta Llanos, empezó a crear un nuevo ambiente de trabajo y manejo en el tema de los derechos humanos y la contextualización de las situaciones.

Posteriormente, hacia el año 2005, cobijado por el programa ART-REDES del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo surgió la Mesa Humanitaria del Meta, animada desde diferentes sectores poblacionales: campesinos, jóvenes, infancia, mujeres, afro descendientes, indígenas, defensores del medio ambiente, medios para la paz, entre ellos el sector de víctimas y el comité de impulso a la mesa departamental de desplazados quienes empezaron a crearse como dolientes de la victimización política, asumiendo con total responsabilidad los temas de memoria y verdad, de la mano con el Movimiento de Crímenes de Estado Capítulo Meta.

El CINEP, con una acción centrada desde Bogotá reunió en sus revistas “Noche y Niebla” los datos que más pudo recopilar de la región Suroriente. Fue iniciativa de sus integrantes buscar respaldo para abrir un banco de datos en la región y con las características que se acordasen desde la base.

Desde la Corporación Retoños asumimos la iniciativa y en convocatoria con otras organizaciones amigas se creó el Comité de Impulso al Banco de Datos de Violencia Política del Suroriente Colombiano. Poco de tiempo después, estaríamos pensando y discutiendo qué nombre acordar para la publicación que mostraría los resultados que en memoria pudiésemos presentar.

Trochas de memoria: un parto en la esperanza

Trochas de Memoria tuvo un parto satisfactorio, no doloroso como los relatos que contuvo esa primera publicación y que empezaron a mostrar los horrores que el ser humano es capaz realizar contra sus congéneres por motivos irrisorios como las ideas, el dinero o sus propios intereses personales. Horrores y más horrores fueron apareciendo. Trochas de memoria del suroriente colombiano les puso voz a las víctimas silenciadas por largo tiempo. Empezó a unificar diferentes relatos, cuál más cruel, contados entre lagrimas ahogadas y silenciadas, derramadas en el anonimato y hoy publicadas queriendo ser reivindicadas.

Como todo parto, el nacimiento de Trochas de memoria vino a alimentar una gran esperanza, y llegó con grandes ilusiones. Un medio local, regional, animado por integrantes del comité de impulso: el Secretariado Regional de Pastoral Social del Suroriente Colombiano, el CINEP, la Mesa Humanitaria del Meta y los Sector de Víctimas y el Movimiento de Crímenes de Estado Capítulo Meta, la Corporación Retoños, y la Oficina Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Un colectivo que por gusto le dio valor, apadrinando su nacimiento.


El dolor no se hizo presente en el nacimiento sino en la sostenibilidad.

Con el primer número ya vinieron diversas dificultades, de un presupuesto escaso y exacto vino el incumplimiento del contratista. La edición quedó a la mitad, la imprenta se  quebró y con vergüenza confesó que no podía cumplir el contrato ni entregar la revista porque no tenía con qué pagar a sus acreedores, incumplimiento en nuestras entregas; el lanzamiento se hizo con impresiones digitales.

Entonces vino el rebusque, sacar de donde no había, como decimos coloquialmente,  para poder verle la cara al primer número de la revista.   Por fin, después de muchos esfuerzos se dejó ver, salió pálida, sin definición y como surgida de un tremendo susto, no se sabe si por el contenido triste y aterrador de la miseria violenta de y contra los humanos del Suroriente o porque casi se muere de inanición después de haberse parido.

La publicación de una memoria, del relato de un caso recibido de las víctimas, requiere de un manejo respetuoso y a la vez cuidadoso dadas las implicaciones de inseguridad que ocasiona la victimización. Además, la responsabilidad de cómo este será devuelto a sus aportantes dota de un compromiso honesto y profundo a esta actividad.

Trochas fue y vino, trochó por los camino del llano, de las sabanas del Guaviare o del Vichada, por las montañas y valles del Ariari y del pie de monte, y con este trajinar, recopiló más información, trajo más verdad de las víctimas, desde el relato cortado, miedoso, aterrado; Desde el secreto gritado y aclamado al cielo. En algo menos de un año ya se tuvo suficiente información para ser devuelta.

En el espacio donde se gestó la revista se discutieron las posibilidades de un segundo paso. ¡Listo! Información hay, temática también, faltan los recursos. Cavilando y cavilando, calculando y decidiendo, como si la ausencia de recursos se hiciera cómplice de quienes oprimen y coartan la voz, de quienes amigos del silencio lo ven como la clara estrategia que les envuelve en la impunidad; por fin viene un segundo número, y con las mismas limitaciones un tercero y un cuarto.

La ausencia de recursos económicos ha limitado no sólo la edición de la revista, también la devolución de la información a quienes han aportado los casos que la contienen. La capacitación para construir una red de aliadas y aliados que permitan una mayor recolección y depuración de la información, y la ayuda invaluable de quien como hormiga obrera recoge, unifica y digita los casos encontrados; de forma admirable y como si una fuerza más grande que la adversidad, siempre ha resultado lo necesario para editar y publicar la revista, al igual que los recursos para seguirla haciendo, para que cumpla su cometido, por eso quizás, no hay quinto malo.

Cada revista tiene su novedad, es como si Trochas de Memoria tuviese un espíritu vivo, inconfundible e irrepetible. Cada revista viene con vida propia, con ojos y miradas diferentes; apagadas, tronchadas, esperanzadoras; con juicios claros y denuncias exigidas; con gritos cada vez más numerosos cuyo reclamo quiere comprometer a la generación presente. Cada caso es de una persona irrepetible, única en el universo, con su mirada propia, con sus sueños truncados y una familia llena de sentimientos. Pero además, cada revista hace énfasis en temáticas diferentes. Los casos vienen animados por reflexiones, por denuncias, por análisis necesarios dentro de la verdad en la que se avanza.

Otras verdades condicionadas y no siempre objetivas

Las  propuestas gubernamentales aprobadas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la ley 975 o ley de justicia y paz[6] crearon un espacio obligatorio para la verdad y la memoria. Los grupos paramilitares se fueron desmovilizando, coyuntura que obliga la aprobación de dicha ley. Algunos implicados decidieron confesar por lo menos una parte de sus delitos y asumir la responsabilidad como requisito fundamental para ser beneficiarios de la amnistía.

La suma de desmovilizaciones[7] fue significativa, inflada en ocasiones, falsa y engañosa. Sin embargo, la voz de los victimarios empezó a convertirse en confesión, muchas verdades a medias empezaron a escucharse, siempre justificadas, siempre distorsionadas, tendenciosas y a su favor. No hay duda que ha sido una oportunidad que acerca a la verdad, pero no es ni será la única, lleva la marca de los victimarios que quieren justificar sus fechorías y lavar sus conciencias. Trochas de memoria quiere ser voz de las víctimas y dejar sentir su clamor.

Los juegos del mismo gobierno, que se siente amenazado por verdad revelada por el paramilitarismo, encuentran en la extradición una forma de acallarla. La parapolítica fue un vendaval presente e influyente en todos los aspectos de los gobiernos de Uribe Vélez. Esto era necesario no evidenciarlo en toda su crudeza para que no cayera él mismo en su propia trampa, riesgos de seguridad nacional. Es que con otras investigaciones complementarias como la realizada por organizaciones cercanas al Banco de Datos llevaron a un nuevo capítulo de horror y destrucción presente en la política del mismo gobierno: los falsos positivos. Se evidenció como con la anuencia del gobierno y motivado por sus políticas de recompensas el ejército nacional adelantó una estrategia de asesinatos de toda índole, cuyo fin fue mostrar avances en la guerra contrainsurgente. La investigación sobre la estrategia en mención, si bien ha avanzado y está en pleno desarrollo por la presencia de personas sin identificar en los cementerios, y fosas comunes se cree que aún está muy temprana para llegar a la completa verdad.

La politiquería[8] que año tras año se desarrolla en Colombia, tiene una estrategia dañina. Para cumplir sus promesas inicia muchos procesos pero ninguno lo concluye con éxito. En el tema que nos atañe, es una estrategia para salir bien librados ante las condenas, dejar que el tiempo pase y la impunidad pueda reinar. En medio de todo un embrollo de victimizaciones, denuncias y acusaciones, un nuevo capítulo gubernamental se inaugura con la implementación de la ley 1448, llamada ley de víctimas y restitución de tierras.

La participación de las organizaciones de víctimas en su elaboración fue evidente: correcciones, complementos y advertencias de vacíos e impunidades. Esfuerzos de participación un tanto inutiles pues la ley se aprobó por encima de toda advertencia. Fueron muchas las denuncias que se hicieron por sus vacíos e inconsistencias, sin embargo, hoy participamos de su plena implementación. Esta ley quiere ser voz de las víctimas, es la voz motivada por el gobierno de turno, legitimada por los estamentos oficiales, aprovechada por colectivos de víctimas que creen en sus buenos propósitos.

En la implementación de dicha ley, se inauguran centros de memoria como una política oficial, se animan puestos de recopilación de la verdad, se motivan programas a desmovilizados para que entreguen sus versiones sin que sean utilizadas jurídicamente, sólo por un acercamiento a la verdad. Se inician reparaciones que les ponen precio a las personas y les quitan el derecho al dolor porque “ya fue pagado”, anulan la iniciativa de las víctimas en su exigibilidad reparadora para hacerla desde las administraciones, como un ofrecimiento para resarcir el daño. Les cooptan sus iniciativas para ser legitimadas y mostradas como los avances en la implementación de la ley.

¿La implementación de la ley: una competencia, una cooptación o una responsabilidad estatal?

No hay duda que este panorama marca situaciones muy diferentes a las antes vividas. Con una ley como la anterior se genera un trabajo que para muchos será el trabajo que visibilice, repare a las víctimas y clarifique la verdad. Es la manifestación de la voluntad política de los gobiernos, sin embargo, surgen preguntas de fondo, con todos los cuestionamientos manifestados desde el principio, ¿Se sentirán las víctimas correspondidas en su dolor y en sus anhelos de reparación? ¿Será que la voz de las víctimas puede llegar a ser la misma voz de la institucionalidad? Tener en cuenta a las víctimas, ¿será que los gobiernos crearán espacios para ellas o que las víctimas enccontrarán espacios de apoyo, de justicia y reparación en los gobiernos? La respuesta a preguntas como las anteriores legitimarán o cuestionarán los programas gubernamentales que se implementen y justifican las acciones independientes y autónomas que las víctimas puedan tener.

Quizás todo sea necesario, los gobiernos tienen que empezar por reconocer sus responsabilidades y asumir las consecuencias frente a las victimizaciones ocasionadas con su anuencia o su acción directa, de lo contrario ellos mismos deslegitimarán sus acciones por la justicia y la reparación.  Las víctimas tienen que encontrar en los gobiernos espacios de escucha y de reivindicación de sus derechos, alivio a sus situaciones y leyes que les correspondan y los defiendan de nuevas victimizaciones, porque son las víctimas quienes sienten los destrozos de las guerras, son las víctimas las que reclaman y elevan los gritos por la justicia. Solamente escuchando a las víctimas se pueden encontrar los caminos que les reparen o por lo menos les alivien la carga de la injusticia que llevarán durante toda su vida. Sólo escuchando a las víctimas se puede saber cómo acompañar una a una, son ellas quienes tienen que reconocer el valor de sus seres queridos y por tanto dimensionar las pérdidas que han tenido, son ellas quienes reivindican el valor del nombre, de la dignidad pisoteada, del amor mancillado. Sólo desde ellas se pueden abrir los caminos hacia una verdad, una justicia y una reparación.

Cobra valor Trochas de la Memoria como un testimonio de lo que hay que hacer en el Suroriente para que sean reales las garantías de no repetición. Son las víctimas las que muestran su vulnerabilidad, su denuncia, su grito de justicia!

La implementación de la ley 1448 junto a toda su infraestructura institucional y organizativa parte de la convocatoria a las mismas organizaciones de víctimas y anima a las víctimas no organizadas para que lo hagan, no todas lo quieren hacer y eso es respetable; así como una persona independiente deberá ser escuchada, al igual que cada organización que nace, que empieza a tener vida propia y sus apuestas particulares, como las han tenido todas las organizaciones existentes antes de la ley y las que han dado paso a Trochas de Memoria. La institucionalidad no puede absorber la voz de las organizaciones! Las mesas de víctimas, para que sean representativas, tienen que tener una fuerte comunicación en doble vía. De igual manera, las organizaciones independientes no podrán ser cooptadas, ni totalmente correspondidas en sus apuestas durante la implementación de la ley, pues muchas de sus miradas van más allá de la ley y de lo que el mismo Estado deslegitimado, les pueda corresponder.

A seguir trochando por el Suroriente

Trochas de memoria, aun siendo la voz de las víctimas, se presenta como una voz independiente, autónoma, aunque su sostenibilidad por la carencia de recursos siempre este cuestionada.

El legado de investigar y publicar los casos de violencia política enmarcados en el conflicto armado, tiene como reto, captar cada forma de violencia política implementada por los actores que producen la barbarie. Es alrededor del  asesinato, donde se han podido recoger el mayor número de denuncias: la tortura y la desaparición forzada son violencias que poco han podido documentarse. Falta aún escuchar el testimonio o la voz de sus familiares y amigos. En el caso de personas sin identificar enterradas en cementerios y fosas comunes la visibilización de este tipo de vulneración a los derechos humanos es aún muy  corta, pero es en los delitos del reclutamiento forzado de menores y de violencia sexual donde menos ha podido saberse. Como éstos se encuentran otros espacios de la verdad y la memoria que todavía es necesario implementar y que Trochas de memoria con sus aliadas y aliados muestran disposición de hacer eco a quienes siguen sufriendo en el silencio.

Es urgente que Trochas de Memoria del Suroriente siga su rumbo. Un trajinar que como ya se dijo abarque todos los tópicos de la violencia política, pero también, todos los rincones recónditos de esta vasta media Colombia; en ella son muchos los gritos que aún no se han escuchado, sabanas, ríos, caseríos remotos que guardan mucha verdad por saberse, mucha justicia por exigirse, mucha memoria para ser conocida y recordada y, a la vez, un caudal de motivos de análisis e investigación. Un enorme cruce de variables que pueden también ayudar a desmontar las estructuras de la guerra, deslegitimar toda forma de violencia, tumbar los imaginarios armados como signos de esperanza y crear unas verdaderas condiciones de paz para los habitantes.

¡Vamos trochadores y trochadoras! Nos encontramos por caminos del Suroriente, allí donde las víctimas quieran ser escuchadas y donde alguien quiera meterle el tinte académico a las verdades publicadas.


[1] Esta no es la primera ley que busca la desmovilización de grupos paramilitares a cambio de beneficios. Más información en http://www.colectivodeabogados.org/La-verdad-sobre-el-proceso-de (Ley 782 y decreto 128 del 2003)

[2] “En el telón de fondo, y como parte de la discusión, se encuentran las investigaciones realizadas por Claudia López Hernández sobre las elecciones de 2002 y la más reciente realizadas por la Corporación Nuevo Arco Iris, dirigida por León Valencia y Mauricio Romero. Para el año 2002 las cifras son la mismas y comprometieron a 26 senadores elegidos con votaciones que los investigadores califican como atípicas en regiones de influencia y control paramilitar. La inmensa mayoría de estos senadores apoyaron la candidatura del entonces candidato y hoy presidente reelecto Álvaro Uribe Vélez. La investigadora Claudia López calcula que allí están comprometidos por lo menos 1.5 millones de votos.” Notas de: ALAI, América Latina en Movimiento
2007-03-21 Colombia Cómo Superar la parapolítica?http://alainet.org/active/16624&lang=es.
“En las elecciones de marzo de 2006, las votaciones atípicas en las zonas de dominio paramilitar se registraron, según la Corporación Nuevo Arco Iris, en 12 departamentos y 223 municipios y comprometieron la elección de 33 senadores, 31 de los cuales pertenecen a la coalición uribista y dos corresponden al Partido Liberal. También comprometieron la elección de 50 representantes a la Cámara, 42 de los cuales corresponden a la coalición uribista y ocho al Partido Liberal”.

[3] En las elecciones del 2014 “La Fundación Paz y Reconciliación había realizado una investigación sobre candidatos criminalizados y en total se encontraron 131,  de los cuales 48 iban a Senado y 83 a las diferentes cámaras de representantes. Los 131 candidatos o bien eran cuestionados por heredar estructuras de la parapolítica o bien por tener vínculos directos con organizaciones criminales. De los primeros había un total de 97 candidatos, de los segundos 34. La conclusión inicial podría resumirse en que los resultados son desoladores”. http://www.las2orillas.co/herederos-de-la-parapolitica-y-con-vinculos-con-fuerzas-ilegales-tiene-puesto-en-el-congreso/

[4] http://datoscolombianuncamas.org/index.php?option=com_abook&view=book&catid=6%3Acontextos-regionales&id=25%3Aceder-es-mas-terrible-que-la-muerte&Itemid=306
[5] 
 El Proyecto Nunca Más es un esfuerzo de un conjunto de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, apoyado solidariamente por organizaciones también no gubernamentales de otros países, dirigido a salvaguardar la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia durante el último e inconcluso ciclo de violencia, que se inicia en 1965. Al finalizar el año 2000 el Proyecto hace públicos sus primeros informes, contenidos en dos volúmenes, que se refieren a 2 de las 18 zonas en que se ha dividido el país para los efectos de esta investigación: un volumen contiene la primera entrega sobre la ZONA 7a, que cubre los departamentos de Meta y Guaviare, y el otro volumen ofrece la primera entrega sobre la ZONA 14a, que cubre parte del Magdalena Medio y parte del Nordeste Antioqueño.

[6]             
 LEY 975 DE 2005 (julio 25)  Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Preámbulo de la misma ley.

[8] Es la degeneración de la política. Es la pequeña y mezquina política. Si ésta tiene una misión noble de consagración al interés nacional y de servicio a los demás, lapolitiquería es el aprovechamiento egoísta del poder o de la posición pública para fines de simple vanidad o enriquecimiento.

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