Somos población
en situación de desplazamiento, eso quiere decir que tuvimos que dejar todo, y
cuando decimos todo nos referimos a nuestros sueños, nuestras proyecciones, a
las ganas de levantarnos cada día, coger el machete y limpiar nuestro pedazo de
tierra. Eso que tenía, era lo mío.
Desde que fuimos
desplazados hemos tenido que aprender a guerrear[1] por nuestros derechos, muchos de ellos
logrados a través de la participación, pero, ¿qué es la participación para un
desplazado/a?
Para nosotros la
participación es el mecanismo o la posibilidad de incidir en nuestro propio
desarrollo. Desde esta perspectiva, es el derecho que tengo para incidir en cómo
quiero mi reparación, o en otras palabras, cómo quiero que mi estado actual
vuelva a ser el que tenía antes de ser desplazado o tal vez mejor; Sin embargo,
desafortunadamente, las personas que somos desplazadas vemos que con la entrada
en vigencia de la ley 1448/2011 se tiende al olvido y desconocimiento de un proceso
de participación propio, construido desde las bases organizadas, a partir del
dolor y la indignación de ser objeto de derechos y no sujeto de derechos.
Podemos dar
ejemplos claros de cómo el gobierno nos trata como objetos de intervención, no
como sujetos de derechos, y nos siguen re victimizando. En el mes de marzo de
la presente vigencia, en donde a través del Decreto N° 85302 expedido por el Ministerio de
Vivienda, la UARIV Regional convocó a 14 mil víctimas de los 29 municipios del
departamento del Meta, con la finalidad de informar a cada una de estas
personas que eran beneficiarias de vivienda. Mujeres y hombres llegaron a
Villavicencio a hacer una fila que duró desde el 27 de marzo hasta el 28 de
abril en las afueras del parque de La Vida COFREM, personas que bajo el sol y
el agua hacían fila sólo para recibir un formulario y poder entrar a competir
para ser parte una pequeña selección que tiene una partida presupuestal de
apenas mil viviendas, como lo confirmó la Secretaría de Vivienda de la
Gobernación Departamental. Además de las difíciles condiciones que tuvieron que
sobrellevar quienes, llenos de esperanza, hicieron la fila día tras días, la convocatoria fue cerrada unilateral y
abruptamente faltando diez días para la fecha determinada inicialmente, debido
al alto grado de estrés de las personas que estaban en la fila de espera en
condiciones poco dignas. Las personas que no alcanzaron a inscribirse, quienes igualmente
gastaron su dinero y su tiempo, viajando desde diferentes y alejados
municipios, quedaron en la incertidumbre, olvidados y excluidos. Hoy en día,
nadie responde si se reanudará esta inscripción o cuál es el proceso que deben
seguir quienes quedaron sin inscribirse.
Por otra parte,
queremos hacer referencia a la llamada estabilización económica. Desde el año
2013 la Alcaldía de Villavicencio, a través de la Secretaría de Participación,
lidera un proyecto a cargo de el Doctor Juan Manuel Toro, el cual capacitó a
más de 40 mujeres, madres, víctimas y cabezas de hogar, a quienes se les
prometió que se les haría un préstamo de 9 millones de pesos, los cuales debían
ser cancelados en 36 cuotas, cada una por un valor de $290.000. Al día de hoy,
sólo 4 mujeres han recibido el préstamo, las demás están a la espera, y la
única respuesta que reciben de la Alcaldía es que están reportadas en Datacrédito[2].
Desde la Mesa de
Fortalecimiento de las Víctimas del Desplazamiento Forzado del
Departamento del Meta, hacemos este llamado de atención con el
objetivo de hacer un recuento y visibilizar el
proceso organizativo que hemos venido liderando a nivel municipal, departamental
y nacional, fortalecido a través
de la ley 387
de 1997 (actualmente en
vigencia), el decreto
25/69 reglamentado en
el año 2000, 2001 y
2007, el decreto
250 de 2005, la sentencia
T-025 de 2004
y los diferentes autos ordenados por
nuestra corte constitucional, el
cual nos ha permitido ser reconocidos y escuchados en nuestras reclamaciones.
Gracias al
esfuerzo y trabajo comprometido de todos nosotros, hemos logrado sostenernos
durante siete años, alcanzando, de la mano de otras y otros líderes, llegar a
la institucionalidad para que evitar que nos sigan viendo como un
estorbo para la
sociedad y como una carga fiscal para el gobierno, pero sobre todo, para
visibilizar nuestra problemática y así hacer exigencia de nuestros derechos, y
no sólo los nuestros como población desplazada sino también que se reconozca a
otras víctimas como son las víctimas del secuestro, de la desaparición forzada,
de homicidio, de tortura , de violencia sexual, de reclutamiento forzado,
víctimas con lesiones físicas que causan
incapacidad como aquellas causadas por las minas antipersona, los
atentados terroristas y el despojo de
tierras.
Hoy estamos
al borde
de la desaparición como proceso
de Mesas de Fortalecimiento
de Víctimas del
Desplazamiento Forzado, ya que la ley 1448/2011 y su reglamentación sobre
la participación no es clara al
plantear cuál será el papel de estos procesos, y esto nos preocupa sobremanera.
A pesar de los
desconocimientos, llantos, risas y aprendizajes, logramos
consolidar un proceso democrático participativo, es decir, desde las bases existentes
en los 29 municipios del Departamento del Meta. La consolidación de
este proceso tuvo en cuenta el enfoque diferencial, ya que cada mesa está
conformada por población afro-descendiente, indígena, infantil, en
situación de discapacidad, al igual que un gran número de mujeres, jóvenes y
adultos mayores. Cada mesa cuenta además
con una
participación de mínimo siete
representantes de organizaciones elegidas popularmente con el
acompañamiento de la Registraduría del Estado civil, personerías,
Defensoría del pueblo, secretarías
de gobierno, alcaldías municipales, y organizaciones internacionales como: el Programa de las
Naciones Unidas Para el
Desarrollo-PNUD, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados-ACNUR, Fundación Panamericana Para el Desarrollo-FUPAD, UARIV, el
Departamento para la Prosperidad Social, organizaciones e instituciones
que pueden dar fe
de nuestro proceso organizativo y que apoyaron
este trabajo a través de su acompañamiento, logística y
recursos económicos.
Todo lo anterior
se puede constatar teniendo en cuenta que en el conteo nacional, Villavicencio
obtuvo una de las mejores votaciones, pues con 3.600 votos, se eligieron a
21 líderes y lideresas,
de este municipio,
el cual, en la actualidad
cuenta con 76.000 desplazados de los
123.000 que la UARIV reconoce
como personas en condición de víctimas del conflicto armado del
departamento del Meta.
Por todo lo
anterior, vemos con inquietud la instrumentalización por parte de
diferentes instituciones, que en su afán de cumplir con lo que manda la ley
1448/2011, convocan a las víctimas por separado, sin reconocer los
serios intentos de organización entre los diferentes hechos victimizantes,
desatendiendo que, mas allá de cumplir con un mandato legal en necesario en
este preciso momento crear unidad entre las víctimas y llevar a las mesas de
justicia transicional y a los diferentes subcomités de las mesas
de participación de
victimas, propuestas elaboradas desde los
procesos de base que han llegado a acuerdos sobre la importancia de que las
acciones conlleven al beneficio colectivo, incidan en
las políticas públicas
y se articulen
con la oferta
institucional, exigiendo lo que,
emanado del auto
383 de 2010, ordena a
Concejales, Alcaldes, Diputados, y Gobernadores, asignar recursos específicos
para las víctimas
del conflicto.
Existen enormes
desafíos para la aplicación y reglamentación de la ley y uno de
ellos se refiere a la participación de las víctimas en este proceso. “Lo
sensato - según Romero[3] - es
que en un plazo corto se reglamente la participación para atender al criterio
que planteó el Director de Justicia Transicional del Ministerio de
Justicia Miguel Samper, al afirmar que debía asegurarse que las víctimas
participen directamente”.
Cabría preguntar
al respecto, ¿cómo va a participar directamente un universo de cinco millones
de víctimas si se están llamando en el afán y sin espacios que garanticen una
amplia reflexión; para ello?, ¿la ley prevé unos mecanismos organizados? No
basta con invitar a algunas víctimas a las mesas técnicas y que se asuma que a
través de ellas se garantizó la participación de las víctimas en el proceso. Es
por esto que hacemos un serio llamado a reconocer procesos de organización
existentes y fijar mecanismos que llamen a la unión, la reflexión, el dialogo y
el verdadero compromiso por parte de las instituciones responsables de
garantizar los anteriores preceptos.
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